El Gobierno quiere mostrarse decidido a hacer cumplir el acuerdo firmado en noviembre último para que a partir del martes el caos de la venta ambulante en las peatonales y arterias céntricas de la capital tucumana sea sólo un mal recuerdo.
La intención es lograr una salida pacífica y ordenada de los cuentapropistas, aunque no está descartada la posibilidad de utilizar la fuerza pública. Así lo dejó entrever en diálogo con LA GACETA la secretaria General de la Gobernación, Carolina Vargas Aignasse, quien tiene la misión de convencer a los puesteros para que abandonen las calles del microcentro de la ciudad.
La funcionaria mantuvo ayer un encuentro informal, en un bar de calle Líbano y Delfín Gallo, con representantes de los comerciantes informales, encabezados por Claudio Robledo, con el objetivo de interiorizarlos acerca de un plan del Gobierno que apunta a la incorporación de quienes hoy desarrollan esa actividad al mercado laboral formal.
Sobre ese último punto, Vargas Aignasse anticipó que mañana, a las 8.30, en su despacho de la Casa de Gobierno, se avanzará con la conformación de una mesa de diálogo intersectorial que se encargará de buscar soluciones integrales a la problemática ambulante.
Precisó que ese grupo de trabajo estará integrado por diferentes áreas del Poder Ejecutivo, como el Ipacym (Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual), la Dirección de Personas Jurídicas y la Subsecretaría de Empleo. Informó que también se invitó a participar de las discusiones a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, a través de la Dirección de Tránsito y Vía Pública, y al Arzobispado.
La ex legisladora alperovichista explicó que la idea es diseñar un programa que permita avanzar “con la formalización laboral de los vendedores ambulantes, para sacarlos de la ilegalidad en la que están inmersos y capacitarlos para que puedan acceder a un empleo formal”.
Agregó que también se hará hincapié “en la concientización social para que estos trabajadores sepan que tienen otras alternativas”.
Nueva reunión
Vargas Aignasse indicó que convocó a los representantes de los ambulantes a una reunión mañana, a las 12, a los fines de darles a conocer las conclusiones de la audiencia que la mesa intersectorial mantendrá más temprano. “La idea es realizar un trabajo mancomunado con todos estos sectores y con los propios trabajadores a los fines de alcanzar una solución pacífica y definitiva a este conflicto que lleva años”, argumentó.
La funcionaria provincial sostuvo que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para hacer cumplir el pacto firmado con los cuentapropistas para que el martes, tras el festejo de Reyes Magos, abandonen la vía pública.
“El acuerdo se debe cumplir; es lo que se vino manifestando desde un principio. Hay que cumplir con la palabra empeñada, y desde el Gobierno se van a tomar todos los recaudos para que así sea. No los vamos a desalojar y a soltarles la mano, la intención es brindarles una contención social y ofrecerles otras alternativas para que trabajen en un marco de formalidad”, expresó.
¿Si los ambulantes se resisten a dejar las calles el martes, se puede llegar a utilizar la fuerza pública?, inquirió LA GACETA y Vargas Aignasse respondió: “tenemos previsto un operativo, pero queremos que el desalojo se haga de manera pacífica. Apostamos a que este lunes se pueda lograr un acuerdo para evitar cualquier tipo de enfrentamiento, porque es lo que menos deseamos”.
Cuando se le recordó que el principal argumento de los vendedores ambulantes del microcentro a la hora de resistirse a dejar las calles es que el Gobierno no les facilitó un local en el que puedan ser reubicados, como se había acordado en noviembre, Vargas Aignasse aclaró que el Poder Ejecutivo está dispuesto a escuchar los planteos que haga el sector y analizar alternativas.
Los proveedores
La cara no visible (aunque no por ello desconocida) del problema de la venta informal en San Miguel de Tucumán, son los empresarios que proveen de mercadería a los ambulantes y lucran con la necesidad de trabajo de esas familias. Se le preguntó a Vargas Aignasse qué medida puede adoptar el Gobierno para atacar esa situación. “Se va a trabajar con todas las herramientas administrativas y legales que tiene el Estado provincial para procurar que esta actividad ilegal no se siga desarrollando de esta manera”, concluyó la secretaria general de la Gobernción.
- Operativos y protestas.- En julio del año pasado la Municipalidad endureció los controles en el microcentro, con el propósito de hacer cumplir el fallo judicial de 2006. Inspectores de la capital, apoyados por uniformados de la Policía, encabezaron los operativos. Los ambulantes se resistieron al desalojo cortando calles y quemando cubiertas. Al final, se quedaron.
- Pase de facturas.- Con las negociaciones estancadas, en agosto último se vislumbraron diferencias políticas entre José Alperovich y Domingo Amaya. “Es un problema del intendente de la capital”, había expresado el gobernador. “Efectivamente es un problema nuestro, es un problema legal y de conciencia social, porque nosotros pregonamos que es una actividad ilegal”, había contestado el intendente.
- Acuerdo coyuntural.- En noviembre de 2013 Alperovich le ordenó al antecesor de Vargas Aignasse, Oscar Bercovich, que se ponga al frente de las negociaciones para que los ambulantes se vayan del microcentro, dejando de lado a la Intendencia. La gestión fracasó, Bercovich renunció y los ambulantes obtuvieron “permiso” para trabajar hasta después de Reyes.